Riesgos Naturales

Durante la segunda mitad del lunes 16 de agosto de 2010 se desarrollaron fuertes tormentas acompañadas de precipitaciones en algunas zonas de la provincia de Córdoba que alcanzaron carácter torrencial, persistente y muy localizado, como consecuencia de potentes desarrollos de focos convectivos muy organizados y de lento movimiento.

En la localidad de Aguilar de la Frontera se superaron los 200 mm.y en Bujalance 135 mm. Una persona murió al desplomarse un muro en esta última localidad y otras dos fueron arrastradas por una riada en las inmediaciones de la laguna de Zóñar cuando viajaban en un vehículo todoterreno.

Posiblemente la naturaleza de esta tormenta fue similar a la que afectó a Alcañiz el 16 de Agosto de 2003, a Pedro Muñoz el año 2006 y a Alcázar de San Juan en mayo del año 2007.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado un informe sobre la situación de lluvias torrenciales que afectó a esta zona, señalando que este episodio probablemente estuvo provocado por una supercélula severa de alta tasa de precipitación, según se desprende del análisis e interpretación de las señales de radar disponibles. Este tipo de estructura nubosa está formada por un único foco convectivo extremadamente organizado (con rotaciones internas) que genera intensidades de precipitación extrema.

El informe de AEMET establece que la predicción de este tipo de fenómenos convectivos es en la actualidad un reto para las actividades operativas, ya que los modelos numéricos de predicción del tiempo disponibles están lejos de poder predecir con la precisión suficiente la localización y el momento de ocurrencia de los mismos.

En el mundo de hoy casi todo está regulado por el derecho común. Prácticamente no existe ninguna parcela que escape de la influencia del derecho. Sin embargo, cada vez proliferan más los escándalos de todo tipo: políticos, financieros, empresariales, industriales, etc. Y no basta con el derecho común, que parece incapaz de satisfacer correctamente las conductas humanas.

Por ello, la sociedad exige cada vez más ética aplicada a las diferentes actividades económicas, sociales o profesionales. Todo el mundo quiere ofrecer ética en su actividad, como regulación de garantía de su conducta, más allá del derecho común. Ya hasta se habla de una banca ética o de un código ético de los agentes secretos. Y en ciencia, es de sobra conocido el concepto de bioética, como rama dedicada a promover los principios de conducta humana de la vida.

¿Pero que podemos decir de la ética del mundo abiótico? ¿Existe una ética aplicada a la geología? El concepto de geoética es muy reciente, fue promovido inicialmente por Vaclav Nemec en 1991, como una nueva disciplina en el contexto de las Ciencias de la Tierra. Posteriormente, la geoética ha sido objeto de sesiones de trabajo en el marco de la AGID (Asociación de Geocientíficos para el Desarrollo Internacional).

En España, el principal impulsor de este concepto es Jesús Martínez Frías, del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), que es responsable de importantes iniciativas internacionales relacionadas con la investigación y conservación de meteoritos y sus impactos, y coordina un grupo español de geoética, así como la web específica Geoethics in Planetary and Space Exploration. Entre las propuestas de Jesús Martínez destaca la necesidad de establecer unas directrices y regulación internacional, incluyendo los aspectos éticos y de integridad científica en su sentido más amplio.

En nuestro planeta también se ha demostrado la relevancia de las conexiones entre Ética y Geología a través de las contribuciones sobre recursos minerales, riesgos y catástrofes naturales, medioambiente y sostenibilidad o cambio climático, como recordamos en un artículo publicado recientemente en Eureka.

Es probable que la geoética resulte un nuevo paradigma en el desarrollo futuro de las Ciencias de la Tierra, ya que las actividades científicas y profesionales en el mundo abiótico no pueden quedar sin control, cuando están en juego muchos bienes naturales de interés general de primer orden.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de evaluación y gestión de riesgos de inundación, cuyos objetivos fundamentales son obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos asociados a las inundaciones, y lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir sus consecuencias negativas sobre la salud y la seguridad de las personas y de los bienes, así como sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras asociadas a las inundaciones del territorio al que afecten.

El texto establece una serie de obligaciones fundamentales como son la evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y de riesgo, y los planes de gestión del riesgo de inundación, así como las disposiciones complementarias de coordinación sectorial, participación pública y cooperación entre las distintas administraciones que son necesarias para alcanzar ese objetivo.

Las disposiciones de este Real Decreto serán de aplicación a las inundaciones ocasionadas por desbordamientos de ríos, torrentes de montaña y demás corrientes de agua continuas o intermitentes, al igual que las inundaciones causadas por el mar en las zonas costeras y las producidas por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición.

Mediante este Real Decreto se incorpora al Derecho español una Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión del riesgo de inundación.

En el texto de este Real Decreto se ha tenido en cuenta la reciente creación de los Comités de Autoridades Competentes en las demarcaciones con cuencas intercomunitarias y la normativa existente en materia de Protección Civil, procurando su coordinación con los nuevos planes de gestión del riesgo de inundación. Esta coordinación, que es también un mandato de la Directiva, se extiende a la política hidráulica general de todas las cuencas y a la ordenación territorial y urbanística en lo necesario para hacer efectiva la prevención y protección contempladas en la presente norma.

Este Real Decreto permite la introducción de nuevas herramientas de gestión y agilizará la implantación de los mecanismos de protección de los cauces y de las zonas inundables, lo que evitará o disminuirá los daños ambientales y sobre los bienes y personas que se protegen. Asimismo, el conjunto de disposiciones introducidas en el texto permiten responder, de modo más eficaz, ante las fuertes presiones de ocupación que sufren las zonas limítrofes con los cauces, de manera que permitirá una disminución de los daños derivados de las inundaciones por avenidas.

Los planes de gestión del riesgo de inundación exigidos en el texto incluyen los programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo previsto de reducir las consecuencias negativas producidas por las inundaciones.

La población urbana ha experimentado un enorme crecimiento desde principios del siglo pasado. Actualmente, más de la población mundial vive en zonas urbanas, y dentro de 40 años el número de personas que habitará en ciudades alcanzará la cifra de 6.500 millones, lo que supondrá el 70% de la población mundial. Entre estos espacios urbanos, los más vulnerables son las denominadas megaciudades, urbes que alcanzan más de 10 millones de habitantes.

Por desgracia, las nuevas megaciudades que van surgiendo se encuentran situadas cerca de los límites de placas tectónicas y están sometidas a una alta exposición de riesgos naturales. Es previsible, por lo tanto, que en el futuro resulten afectadas por grandes catástrofes. Hoy día, ya existen megaciudades con una alta exposición al riesgo sísmico, por ejemplo, Teherán, con 13,8 millones de habitantes.

Sismológos iraníes han pedido al Gobierno la necesidad de cambiar la ubicación de la capital. También han estimado que medio millón de personas podrían perder la vida si un terremoto similar al de 1831 afectase de nuevo a la capital de Irán. Por su parte, el presidente Ahmadineyad ya ha advertido a los iraníes no solo de la posibilidad de un ataque militar de los Estados Unidos sino de la amenaza sísmica, indicando que al menos 5 millones de personas deberían evacuar Teherán para reducir el riesgo de catástrofe que se cierne sobre la ciudad.

Los geólogos venimos defendiendo desde hace muchos años la necesidad de elaborar una cartografía que delimite diferentes zonas de uso del suelo, restringiendo el derecho a construir en aquellas áreas que, como consecuencia de peligros naturales, puedan representar un elevado peligro para la seguridad de las personas.

Esta cartografía viene siendo utilizada, con mayor o menor fortuna, en los procesos de planeamiento urbano, contribuyendo así a un mejor desarrollo de las ciudades hacia zonas seguras. Pero ¿qué ocurre cuando un territorio no ha sido delimitado como de alta peligrosidad natural y sobreviene una catástrofe? ¿Pueden los poderes públicos territorializar el riesgo a posteriori erradicando las edificaciones ya emplazadas?

Esta cuestión está siendo objeto de una enorme polémica en Francia, después de que el Gobierno decidiera imponer el derribo de más de 1.500 viviendas en las denominadas zonas negras, tras las inundaciones costeras ocurridas a finales de febrero a consecuencia del temporal Xynthia.

El problema que se plantea es que estas zonas se han delimitado mediante un nuevo mecanismo, ya que la franja costera afectada no estaba regulada por el sistema de planes de prevención de riesgos previsibles, que es la herramienta habitual de prevención de riesgos naturales en Francia.

Lo que los analistas nos preguntamos ahora es sí se van a definir o no nuevas zonas negras como medida preventiva, o si se esperará a nuevos desastres para volver a poner en práctica el nuevo mecanismo de zonificación del riesgo.

En mi opinión, es poco probable que el Gobierno francés universalice el mecanismo utilizado en la catástrofe del Xynthia, ya que el derribo masivo de edificaciones en otras zonas generaría enormes presiones sociales. Por ello, lo esperado es que se imponga un enfoque coyuntural de territorialización del riesgo, modulado por los límites de la aceptación social.

La gran movilidad y las numerosas interconexiones existentes en el mundo globalizado, hace que hechos acaecidos en cualquier parte del planeta tengan repercusiones en el resto del mundo. Un buen ejemplo de esta tendencia ha sido el efecto de la erupción del volcán Eyjafjallajökull, en Islandia, que ha provocado un penacho de cenizas de 6 kilómetros de altura, perturbando gravemente el funcionamiento del tráfico aéreo en gran parte de Europa, ya que la entrada de partículas en las turbinas puede llegar a bloquear el motor de las aeronaves. Situación que no ocurría antiguamente porque los aviones eran de hélice.

Todos los riesgos del mundo de hoy están fuertemente condicionados por tendencias y factores de inseguridad, como son el crecimiento demográfico o el propio fenómeno de la globalización. Pero las soluciones no son fáciles porque pueden afectar a espacios y a tecnologías vulnerables. El medio aéreo o los complejos sistemas que constituyen la base de importantes infraestructuras públicas son buenos ejemplos de este tipo de debilidades. De momento, la mejor receta de mitigación es la información, la alerta, la interrupción preventiva de servicios críticos y la educación. Estas acciones forman parte de lo que en inglés se denomina “resilience”, es decir, la construcción de sistemas que aumenten sus fortalezas, se adapten a la dificultad del medio y sean cada vez más resistentes a las vulnerabilidades e interdependencias del mundo actual.

La globalización constituye una consecuencia del progreso de la civilización pero muchas veces también genera desequilibrios que dificultan el proceso de gestión de los riesgos que nos afectan.

Al margen de esta reflexión, los geólogos no podemos por menos que asombrarnos ante las maravillosas imágenes de la erupción del volcán Eyjafjallajokull.

Más imágenes de la erupción del volcán Eyjafjallajokull

La Dra. Rachel Grant, de la Open University del Reino Unido, ha dirigido un estudio que revela que los sapos pueden detectar ciertas claves presísimicas, como la liberación de gases y partículas cargadas, que podrían ser utilizadas como una forma de sistema de alerta temprana ante terremotos.

El trabajo ha sido publicado en la revista JOURNAL OF ZOOLOGY, de la Sociedad Zoológica de Londres, bajo el título: Predicting the unpredictable; evidence of pre-seismic anticipatory behaviour in the common toad

La Dra. Grant había estado estudiando de forma rutinaria la conducta de varias colonias de sapos comunes en Italia cuando ocurrió el terremoto de magnitud 6.3 de L’Aquilla, en 2009.

Cinco días antes del terremoto, el 96% de los sapos machos en la colonia desaparecieron. Además, tres días antes del terremoto el número de parejas de crianza también disminuyó súbitamente a cero.

La investigadora cree que los sapos huyeron a tierras más altas, posiblemente donde sintieron menos riesgo de caída de rocas, deslizamientos de tierra o inundaciones. El cambio en la conducta de los animales coincidió con alteraciones en la ionosfera, la capa electromagnética superior de la atmósfera de la Tierra, que los científicos detectaron durante el terremoto de L’Aquila.

Estos cambios en la atmósfera ya han sido vinculados por algunos científicos con la liberación de gas radón, u ondas gravitatorias, antes de un sismo.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico. Se trata de un plan especial y de ámbito nacional, que establece la organización y procedimientos de actuación de los recursos y servicios del Estado necesarios para asegurar una respuesta eficaz del sistema de protección civil ante un terremoto de interés nacional.

Si bien el riesgo de seísmo en España es moderado, el potencial destructor de un terremoto es muy elevado. Por tanto, la eficaz asistencia a la población en una situación de emergencia provocada por un terremoto es uno de los mayores retos para los sistemas de protección civil. Una adecuada planificación en esta materia es esencial.

Líneas fundamentales

Las líneas fundamentales del Plan son las siguientes:

* El Plan Estatal se configura como un Plan Director, ya que establece aspectos generales, organizativos y funcionales. Asimismo, el Plan se apoya operativamente en los Planes de Protección Civil de las Comunidades Autónomas que resulten afectadas y, a su vez, se concreta en planes de coordinación y apoyo, así como en procedimientos específicos de actuación.
* Se establecen los sistemas y procedimientos de información, que estarán basados en la observación y cálculo de los parámetros sísmicos a través del Instituto Geográfico Nacional, la difusión de los datos entre los órganos del sistema nacional de protección civil y el reconocimiento preliminar de los efectos sobre personas y bienes.
* Se definen las fases y situaciones en las que se subdivide la actuación: así, la fase de intensificación y seguimiento de información (situación 0, se intensifica la información a los ciudadanos); la fase de emergencia (situación 1, se gestiona con los recursos de la zona; situación 2, se gestiona con recursos de otras áreas; situación 3, se convoca a los órganos de coordinación, se declara emergencia de interés nacional y se movilizan otros medios y recursos: de las Fuerzas Armadas, de otras administraciones e internacionales); y, en último lugar, la fase de normalización (se llevan a cabo tareas de rehabilitación de las zonas afectadas).
* Se establecen los correspondientes planes de coordinación y apoyo para su aplicación en emergencias sísmicas de interés nacional o en apoyo a los planes de Comunidades Autónomas. Estos planes tienen naturaleza sectorial y prevén la participación de los Ministerios en función de la materia.
* Se regulan los órganos de dirección y coordinación en la respuesta oportuna a la emergencia sísmica. Compete al Ministro del Interior la declaración de interés nacional de la emergencia, así como la superior dirección de las actuaciones. Como órgano de apoyo al Ministro del Interior, el Consejo de Dirección del Plan Estatal evaluará las necesidades, contribuirá al establecimiento de la estrategia y definirá las prioridades de actuación. Asimismo, el Comité Estatal de Coordinación, órgano colegiado de participación de la Administración General del Estado en las funciones de preparación, implantación y aplicación del Plan, valorará las medidas a adoptar, así como su aplicación coordinada y su mantenimiento, entre otros extremos.
* Finalmente, se describen las tareas necesarias para lograr una pronta y eficaz actualización del Plan con apoyo de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación. Ministerio de la Presidencia

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Todas las inundaciones se producen de forma recurrente en las mismas áreas: las denominadas zonas inundables.
Estas zonas se caracterizan por presentar una geomorfología identificable (llanuras de inundación, abanicos aluviales, etc.) y depósitos sedimentarios singulares.
Los geólogos hemos elaborado una abundante cartografía de zonas inundables en gran parte de España. También hemos preparado guías para ayudar a los ciudadanos y a los poderes públicos a conocer los peligros naturales. Proyectos innovadores, como el sistema nacional de cartografía de zonas inundables, están en marcha en la actualidad.
Con este conocimiento y con la normativa en vigor relativa a la legislación de agua, planes hidrològicos, protección del dominio público, legislación urbanística, etc., se puede evitar que se construya en zonas inundables y que se aprueben planes urbanísticos en terrenos previsiblemente inundables.

Solo queda, quizás, una actuación decidida por parte de las Fiscalías Especiales de Medio Ambiente y Urbanismo para que persigan con contundencia cualquier infracción que vulnere las normas de protección de estas zonas, evitando la proliferación de construcciones inseguras.

El diario El Pais acaba de publicar un reportaje bajo el título “Alerta: el agua siempre vence al ladrillo“, en donde se denuncia un urbanismo desmedido en zonas inundables como responsable de las víctimas y daños que se ha producido últimamente en Madeira, La Rochelle o la zona del Guadalquivir. En el artículo se menciona el debate que enfrenta la seguridad de los ciudadanos con el derecho de las personas a seguir viviendo en su propia casa. También se recogen datos aportados por Ecologistas en Acción que cifran en 40.000 las construcciones existentes en España en zonas de dominio público hidráulico.

La prevención del riesgo de inundaciones ha dado un paso fundamental en los últimos años, con la aprobación de la directiva europea de evaluación y gestión de inundaciones, y con la ley estatal de suelo estatal. Ambas disposiciones prevén la obligatoriedad de elaboración de mapas de riesgos. En el caso de inundaciones, la iniciativa más importante está siendo coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del denominado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. La directiva europea de inundaciones da de plazo hasta el año 2013 para que los Estados tenga previstos los correspondientes mapas de riesgo.

En el año 2009, el ICOG públicó el libro “Mapas de Riesgos Naturales en la Ordenación Territorial y Urbanística“, que recoge las aportaciones de diversos especialistas de universidades, organismos de investigación, aseguradores, administraciones públicas y urbanistas, sobre cómo potenciar la cartografía de riesgos naturales en los procesos de ordenación territorial y urbana. Entre otras conclusiones, en este estudio se recomienda que, una vez que se avance en la disponibilidad de mapas de riesgos ante los diferentes peligros que puedan afectar al territorio, se debe impulsar la revisión o modificación de la ordenación urbanística en aquellos municipios en donde los uses permitidos no se adecuen al grado de peligrosidad y vulnerabilidad detectado.

Se barajan dos soluciones fundamentales para reducir en daño a las construcciones en zonas inundables: la primera, muy costosa, consistiría en construir obras estructurales de canalización y protección. La segunda, sería la expropiación. Pero existen otras medidas que también contribuyen a reducir el riesgo. Una de ellas, que podría ser válida para zonas de riesgo moderado, consiste en promover la suscripción de pólizas de seguros frente a inundaciones. Otra actuación fundamental es fomentar una mayor cultura de seguridad, que permita un mayor conocimiento sobre las consecuencias de los peligros naturales y en donde se tenga en cuenta que el riesgo es inherente a la transformación del territorio.