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José L. González / ICOG

El diario El Pais acaba de publicar un reportaje bajo el título “Alerta: el agua siempre vence al ladrillo“, en donde se denuncia un urbanismo desmedido en zonas inundables como responsable de las víctimas y daños que se ha producido últimamente en Madeira, La Rochelle o la zona del Guadalquivir. En el artículo se menciona el debate que enfrenta la seguridad de los ciudadanos con el derecho de las personas a seguir viviendo en su propia casa. También se recogen datos aportados por Ecologistas en Acción que cifran en 40.000 las construcciones existentes en España en zonas de dominio público hidráulico.

La prevención del riesgo de inundaciones ha dado un paso fundamental en los últimos años, con la aprobación de la directiva europea de evaluación y gestión de inundaciones, y con la ley estatal de suelo estatal. Ambas disposiciones prevén la obligatoriedad de elaboración de mapas de riesgos. En el caso de inundaciones, la iniciativa más importante está siendo coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del denominado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. La directiva europea de inundaciones da de plazo hasta el año 2013 para que los Estados tenga previstos los correspondientes mapas de riesgo.

En el año 2009, el ICOG públicó el libro “Mapas de Riesgos Naturales en la Ordenación Territorial y Urbanística“, que recoge las aportaciones de diversos especialistas de universidades, organismos de investigación, aseguradores, administraciones públicas y urbanistas, sobre cómo potenciar la cartografía de riesgos naturales en los procesos de ordenación territorial y urbana. Entre otras conclusiones, en este estudio se recomienda que, una vez que se avance en la disponibilidad de mapas de riesgos ante los diferentes peligros que puedan afectar al territorio, se debe impulsar la revisión o modificación de la ordenación urbanística en aquellos municipios en donde los uses permitidos no se adecuen al grado de peligrosidad y vulnerabilidad detectado.

Se barajan dos soluciones fundamentales para reducir en daño a las construcciones en zonas inundables: la primera, muy costosa, consistiría en construir obras estructurales de canalización y protección. La segunda, sería la expropiación. Pero existen otras medidas que también contribuyen a reducir el riesgo. Una de ellas, que podría ser válida para zonas de riesgo moderado, consiste en promover la suscripción de pólizas de seguros frente a inundaciones. Otra actuación fundamental es fomentar una mayor cultura de seguridad, que permita un mayor conocimiento sobre las consecuencias de los peligros naturales y en donde se tenga en cuenta que el riesgo es inherente a la transformación del territorio.