Riesgos Naturales

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de evaluación y gestión de riesgos de inundación, cuyos objetivos fundamentales son obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos asociados a las inundaciones, y lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir sus consecuencias negativas sobre la salud y la seguridad de las personas y de los bienes, así como sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras asociadas a las inundaciones del territorio al que afecten.

El texto establece una serie de obligaciones fundamentales como son la evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y de riesgo, y los planes de gestión del riesgo de inundación, así como las disposiciones complementarias de coordinación sectorial, participación pública y cooperación entre las distintas administraciones que son necesarias para alcanzar ese objetivo.

Las disposiciones de este Real Decreto serán de aplicación a las inundaciones ocasionadas por desbordamientos de ríos, torrentes de montaña y demás corrientes de agua continuas o intermitentes, al igual que las inundaciones causadas por el mar en las zonas costeras y las producidas por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición.

Mediante este Real Decreto se incorpora al Derecho español una Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión del riesgo de inundación.

En el texto de este Real Decreto se ha tenido en cuenta la reciente creación de los Comités de Autoridades Competentes en las demarcaciones con cuencas intercomunitarias y la normativa existente en materia de Protección Civil, procurando su coordinación con los nuevos planes de gestión del riesgo de inundación. Esta coordinación, que es también un mandato de la Directiva, se extiende a la política hidráulica general de todas las cuencas y a la ordenación territorial y urbanística en lo necesario para hacer efectiva la prevención y protección contempladas en la presente norma.

Este Real Decreto permite la introducción de nuevas herramientas de gestión y agilizará la implantación de los mecanismos de protección de los cauces y de las zonas inundables, lo que evitará o disminuirá los daños ambientales y sobre los bienes y personas que se protegen. Asimismo, el conjunto de disposiciones introducidas en el texto permiten responder, de modo más eficaz, ante las fuertes presiones de ocupación que sufren las zonas limítrofes con los cauces, de manera que permitirá una disminución de los daños derivados de las inundaciones por avenidas.

Los planes de gestión del riesgo de inundación exigidos en el texto incluyen los programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo previsto de reducir las consecuencias negativas producidas por las inundaciones.

Los geólogos venimos defendiendo desde hace muchos años la necesidad de elaborar una cartografía que delimite diferentes zonas de uso del suelo, restringiendo el derecho a construir en aquellas áreas que, como consecuencia de peligros naturales, puedan representar un elevado peligro para la seguridad de las personas.

Esta cartografía viene siendo utilizada, con mayor o menor fortuna, en los procesos de planeamiento urbano, contribuyendo así a un mejor desarrollo de las ciudades hacia zonas seguras. Pero ¿qué ocurre cuando un territorio no ha sido delimitado como de alta peligrosidad natural y sobreviene una catástrofe? ¿Pueden los poderes públicos territorializar el riesgo a posteriori erradicando las edificaciones ya emplazadas?

Esta cuestión está siendo objeto de una enorme polémica en Francia, después de que el Gobierno decidiera imponer el derribo de más de 1.500 viviendas en las denominadas zonas negras, tras las inundaciones costeras ocurridas a finales de febrero a consecuencia del temporal Xynthia.

El problema que se plantea es que estas zonas se han delimitado mediante un nuevo mecanismo, ya que la franja costera afectada no estaba regulada por el sistema de planes de prevención de riesgos previsibles, que es la herramienta habitual de prevención de riesgos naturales en Francia.

Lo que los analistas nos preguntamos ahora es sí se van a definir o no nuevas zonas negras como medida preventiva, o si se esperará a nuevos desastres para volver a poner en práctica el nuevo mecanismo de zonificación del riesgo.

En mi opinión, es poco probable que el Gobierno francés universalice el mecanismo utilizado en la catástrofe del Xynthia, ya que el derribo masivo de edificaciones en otras zonas generaría enormes presiones sociales. Por ello, lo esperado es que se imponga un enfoque coyuntural de territorialización del riesgo, modulado por los límites de la aceptación social.

Todas las inundaciones se producen de forma recurrente en las mismas áreas: las denominadas zonas inundables.
Estas zonas se caracterizan por presentar una geomorfología identificable (llanuras de inundación, abanicos aluviales, etc.) y depósitos sedimentarios singulares.
Los geólogos hemos elaborado una abundante cartografía de zonas inundables en gran parte de España. También hemos preparado guías para ayudar a los ciudadanos y a los poderes públicos a conocer los peligros naturales. Proyectos innovadores, como el sistema nacional de cartografía de zonas inundables, están en marcha en la actualidad.
Con este conocimiento y con la normativa en vigor relativa a la legislación de agua, planes hidrològicos, protección del dominio público, legislación urbanística, etc., se puede evitar que se construya en zonas inundables y que se aprueben planes urbanísticos en terrenos previsiblemente inundables.

Solo queda, quizás, una actuación decidida por parte de las Fiscalías Especiales de Medio Ambiente y Urbanismo para que persigan con contundencia cualquier infracción que vulnere las normas de protección de estas zonas, evitando la proliferación de construcciones inseguras.

El diario El Pais acaba de publicar un reportaje bajo el título “Alerta: el agua siempre vence al ladrillo“, en donde se denuncia un urbanismo desmedido en zonas inundables como responsable de las víctimas y daños que se ha producido últimamente en Madeira, La Rochelle o la zona del Guadalquivir. En el artículo se menciona el debate que enfrenta la seguridad de los ciudadanos con el derecho de las personas a seguir viviendo en su propia casa. También se recogen datos aportados por Ecologistas en Acción que cifran en 40.000 las construcciones existentes en España en zonas de dominio público hidráulico.

La prevención del riesgo de inundaciones ha dado un paso fundamental en los últimos años, con la aprobación de la directiva europea de evaluación y gestión de inundaciones, y con la ley estatal de suelo estatal. Ambas disposiciones prevén la obligatoriedad de elaboración de mapas de riesgos. En el caso de inundaciones, la iniciativa más importante está siendo coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del denominado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. La directiva europea de inundaciones da de plazo hasta el año 2013 para que los Estados tenga previstos los correspondientes mapas de riesgo.

En el año 2009, el ICOG públicó el libro “Mapas de Riesgos Naturales en la Ordenación Territorial y Urbanística“, que recoge las aportaciones de diversos especialistas de universidades, organismos de investigación, aseguradores, administraciones públicas y urbanistas, sobre cómo potenciar la cartografía de riesgos naturales en los procesos de ordenación territorial y urbana. Entre otras conclusiones, en este estudio se recomienda que, una vez que se avance en la disponibilidad de mapas de riesgos ante los diferentes peligros que puedan afectar al territorio, se debe impulsar la revisión o modificación de la ordenación urbanística en aquellos municipios en donde los uses permitidos no se adecuen al grado de peligrosidad y vulnerabilidad detectado.

Se barajan dos soluciones fundamentales para reducir en daño a las construcciones en zonas inundables: la primera, muy costosa, consistiría en construir obras estructurales de canalización y protección. La segunda, sería la expropiación. Pero existen otras medidas que también contribuyen a reducir el riesgo. Una de ellas, que podría ser válida para zonas de riesgo moderado, consiste en promover la suscripción de pólizas de seguros frente a inundaciones. Otra actuación fundamental es fomentar una mayor cultura de seguridad, que permita un mayor conocimiento sobre las consecuencias de los peligros naturales y en donde se tenga en cuenta que el riesgo es inherente a la transformación del territorio.

Las inundaciones no han dado tregua este invierno a Andalucia. Continuos episodios meteorológicos acompañados de fuertes lluvias han provocado el desbordamiento de ríos, numerosas evacuaciones, cortes en carreteras y vías de ferrocarril, el realojo de familias afectadas e importantes daños en bienes privados e infraestructuras públicas. poniendo en riesgo a diversos municipios de las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaen y Málaga.

Sin embargo, el origen de estos daños no reside únicamente en la adversidad de los episodios meteorológicos. Como afirma el Defensor del Pueblo Andaluz, en un informe publicado en noviembre de 2009, bajo el título “Ordenación del Territorio y Urbanismo en los Informes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz”, la situación de riesgo creada por la construcción de inmuebles de distinta naturaleza en zonas de inundación es una realidad que, desgraciadamente, se ha propiciado a través de un crecimiento desmesurado e insostenible de las poblaciones, fruto, en gran medida, de las acciones y omisiones en la tutela del territorio de aquellas Administraciones que poseen, desde hace mucho tiempo, competencias muy claras para emitir informes, ejercer acciones y, en su caso, desestimar acuerdos de aprobación de planeamiento que vulneran normas sectoriales o son contrarias al principio de racionalidad técnica que debe estar siempre presente en la planificación territorial y urbanística.

Para que realmente cambie la situación y disminuyan los riesgos de que se repitan situaciones como las que han vivido este invierno algunos municipios de Andalucia es imprescindible una nueva cultura del territorio, en donde se asuma de una vez el compromiso de que jamás se apruebe un plan de ordenación urbanística que no incluya el mapa de riesgos naturales, de obligado cumplimiento desde la aprobación de la ley de suelo estatal, y que se establezcan las limitaciones en el uso de las zonas inundables para garantizar la seguridad de las personas y bienes, tal y como está previsto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Venecia ha quedado inundada por un fenómeno conocido como “l’acqua alta” provocado por las fuertes lluvias y por los vientos del sur. Debido a estas circunstancias, la marea ha alcanzado una altura de 1,56 metros por encima de su nivel normal, una cifra que no se registraba desde hace 22 años, lo que ha provocado la inundación del 80% de la ciudad.

Venice under water

Fenómenos de inundaciones y riadas como las que se repiten en el levante español, y que en los últimos días afectan especialmente a Ceuta y Melilla, podrían reiterarse e incluso agravarse debido, entre otras causas, a una planificación urbanística deficiente, donde priman el urbanismo salvaje o a la falta de prevención ante la orografía, a los fenómenos meteorológicos o incluso al calentamiento global, según denunciaron hoy en declaraciones a Europa Press prestigiosos científicos.

En ese sentido, el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Gerardo Benito, experto en inundaciones, reconoció que estos eventos se deben, por una parte a los fenómenos meteorológicos como la ‘gota fría’ pero además otras causas de tipo orográfico y urbanístico “agravan la situación”.

También, explicó que aumenta el fenómeno de la escorrentía (el agua que corre por el terreno debido a que la tierra no es capaz de filtrar o absorber todo el agua de lluvia) y señaló que eso se debe a que “donde había suelo ahora hay asfalto” y en numerosas ocasiones no se respeta la orografía original de los cauces de los ríos. “Antes no se construía por donde transcurría el agua, pero si se edifican calles donde antes había ríos, éstas se revertirán y volverán a ser lo que eran antes”, dijo.

Igualmente, indicó que existe una “falta de previsión” porque no se realizan las limpiezas de cauces con la periodicidad suficiente, pero señaló que éstas deben “limitarse a cierto grado” porque la vegetación de ribera también sirve para contener el flujo del agua y evita la erosión de los bancos del río.

EL URBANISMO AUMENTA EN UN 6% EL RIESGO

Por otra parte, subrayó que los daños que causa el urbanismo sobre el riesgo de las inundaciones se ha multiplicado en un seis por ciento, mientras que por los fenómenos meteorológicos o bien por el calentamiento global, esos riesgos se han incrementado en un tres por ciento.

Asimismo, recordó que la directiva europea obliga a las comunidades autónomas y al Gobierno a presentar un mapa de riesgo de zonas inundables antes de 2010 e insistió en que “cuanto más urbanismo haya, más susceptible es esa zona de que se generen daños, especialmente en el Mediterráneo” por lo que recomendó un urbanismo “más meditado, y la planificación más organizada”.

Por su parte, el también investigador del CSIC, Carlos Priego, del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Córdoba, insistió en que antiguamente las poblaciones se enclavaban en zonas “muy propicias” pero que ahora el asfalto “ha ido ganando terreno” y el hormigón avanza frente a los espacios verdes “cada vez más reducidos”.

Así, añadió que la permeabilidad de la tierra así como la cantidad de agua que mediante la escorrentía llegue a los cauces dependerá del tipo de plantas, del número de parques públicos, de calles de aceras con árboles, o del cuidado de las riberas de los ríos. “Se deberían respetar los cauces naturales, porque el agua siempre retorna a sus orígenes”, acotó.

Mientras, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rúa, afirmó que aunque no se puede dimensionar una infraestructura “solo por un fenómeno que se produce una vez cada tres años” o que no está previsto en las estadísticas de planificación de construcciones, “está claro que los humanos no escarmentamos”. “En el Mediterráneo las riadas se han llevado aguas de las torrenteras y a los pocos meses se vuelve a edificar en esas zonas”, agregó.

Rúa indicó que las infraestructuras deben dimensionarse “con amplitud” y que es preciso evitar construir en las márgenes de los ríos. Sin embargo, denunció que la planificación se ve en ocasiones desbordada por aspectos económicos y que terrenos en los que no se debería edificar, finalmente se califican como urbanizables.

Finalmente, entre las ciudades con mejor planificación urbanística destacó la que se realizó a mediados del siglo XX en Barcelona, las actuaciones de los últimos años en la zona de la ría de Bilbao que calificó de “modelo de urbanización”, así como la de siglos anteriores en Madrid o la de Sevilla que “se quedó a medio camino”.

Fuente: Europa Press

La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en una comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Senado, para informar sobre los objetivos y el programa de trabajo del Ministerio durante la presente Legislatura, ha hecho hincapié en que España ha sido el primer país europeo en aplicar la directiva comunitaria en materia de evaluación y gestión de inundaciones con la presentación, el pasado agosto, del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, cuya inversión total superará los 40 millones de euros.

Para iniciar la aplicación de la directiva comunitaria sobre gestión de inundaciones, el Ministerio de Medio Ambiente modificó en enero de este año el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, incorporando los criterios que dicha directiva establece en lo que se refiere a las zonas inundables. Este reglamento también introdujo algunas exigencias de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

España sufre periódicamente las consecuencias de las inundaciones, tanto en pérdidas económicas como humanas. El enfoque tradicional para abordar este riesgo ha sido plantear soluciones tradicionales (presas, encauzamientos, motas de defensa), que se han revelado insuficientes históricamente, por lo que resulta necesario profundizar en las medidas de gestión del riesgo.

Ayer 26 de noviembre entró en vigor una nueva normativa comunitaria para prevenir inundaciones y minimizar su impacto. La directiva obliga a los veintisiete Estados miembros a elaborar mapas de riesgos de inundación y planes de gestión para proteger a la población, y exige la coordinación entre los Estados que compartan una cuenca hidrográfica para impedir que las decisiones de un país aumenten el riesgo de inundación en otro.
Europa ha tenido que hacer frente a más de un centenar de inundaciones importantes desde 1998 –incluidas las provocadas por el desbordamiento de los ríos Danubio y Elba en el verano de 2002–, que han dejado 700 muertos, desplazado a más de un millón y medio de personas y provocado daños por valor de 25.000 millones de euros.
La puesta en práctica de esta normativa en los Estados miembros se hará en tres fases. La primera consiste en realizar una evaluación preliminar de los riesgos potenciales de inundaciones en las cuencas hidrográficas y en las zonas costeras de aquí a 2011.
En segundo lugar, los 27 deberán elaborar mapas de las zonas en peligro y riesgo de sufrir inundaciones antes de 2013. Las cartografías deben identificar las zonas de alto, medio y bajo riesgo. Asimismo, los mapas deberán precisar los niveles de agua esperados, las actividades económicas que pueden verse afectadas, el número de habitantes en riesgo y los posibles daños al medio ambiente.
En una última fase, los países comunitarios tendrán que haber confeccionado en 2015 planes de gestión para hacer frente a inundaciones. Deben incluir medidas para reducir la probabilidad de que una zona sufra inundaciones y minimizar sus consecuencias mediante la prevención de prácticas insostenibles de ordenación del territorio, por ejemplo, impidiendo que se construya en zonas potencialmente afectadas por inundaciones.
Otro destacado elemento de dichos planes es la necesidad de que las autoridades preparen a sus ciudadanos en caso de haya una inundación. Las evaluaciones del riesgo de inundaciones, precisó la Comisión, serán revisadas y adaptadas en función además de aspectos como el cambio climático y la intensidad y la frecuencia de inundaciones a largo plazo.

Normativa:
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23-10-2007 relativa a la evaluación y gestión de riesgos de inundación.

Actuaciones imprudentes como construir en una rambla provoca con demasiada frecuencia situaciones catastróficas indeseables. Mucho se habla cuando ocurren estos eventos de la “furia de la naturaleza”, cuando lo cierto es que la causa única de un gran número de desastres no es otro que la acción irresponsable de una ocupación del territorio desordenada. Es obvio que el riesgo de inundaciones se está incrementando en España en los últimos años pero la razón de este aumento no se debe a causas naturales sino a un desarrollo urbanístico a menudo desordenado. Es sorprendente observar como muchas calles de los municipios carecen de un diseño que favorezca la evacuación de las aguas en caso de una riada, o comprobar que las redes de colectores no han sido diseñadas para absorver el caudal de las aguas. Pero lo más lamentable es construir en los propios lechos de los cauces..