Riesgos Naturales

José L. González / ICOG

Los geólogos venimos defendiendo desde hace muchos años la necesidad de elaborar una cartografía que delimite diferentes zonas de uso del suelo, restringiendo el derecho a construir en aquellas áreas que, como consecuencia de peligros naturales, puedan representar un elevado peligro para la seguridad de las personas.

Esta cartografía viene siendo utilizada, con mayor o menor fortuna, en los procesos de planeamiento urbano, contribuyendo así a un mejor desarrollo de las ciudades hacia zonas seguras. Pero ¿qué ocurre cuando un territorio no ha sido delimitado como de alta peligrosidad natural y sobreviene una catástrofe? ¿Pueden los poderes públicos territorializar el riesgo a posteriori erradicando las edificaciones ya emplazadas?

Esta cuestión está siendo objeto de una enorme polémica en Francia, después de que el Gobierno decidiera imponer el derribo de más de 1.500 viviendas en las denominadas zonas negras, tras las inundaciones costeras ocurridas a finales de febrero a consecuencia del temporal Xynthia.

El problema que se plantea es que estas zonas se han delimitado mediante un nuevo mecanismo, ya que la franja costera afectada no estaba regulada por el sistema de planes de prevención de riesgos previsibles, que es la herramienta habitual de prevención de riesgos naturales en Francia.

Lo que los analistas nos preguntamos ahora es si se van a definir o no nuevas zonas negras como medida preventiva, o si se esperará a nuevos desastres para volver a poner en práctica el nuevo mecanismo de zonificación del riesgo.

En mi opinión, es poco probable que el Gobierno francés universalice el mecanismo utilizado en la catástrofe del Xynthia, ya que el derribo masivo de edificaciones en otras zonas generaría enormes presiones sociales. Por ello, lo esperado es que se imponga un enfoque coyuntural de territorialización del riesgo, modulado por los límites de la aceptación social.

José L. González / ICOG

La gran movilidad y las numerosas interconexiones existentes en el mundo globalizado, hace que hechos acaecidos en cualquier parte del planeta tengan repercusiones en el resto del mundo. Un buen ejemplo de esta tendencia ha sido el efecto de la erupción del volcán Eyjafjallajökull, en Islandia, que ha provocado un penacho de cenizas de 6 kilómetros de altura, perturbando gravemente el funcionamiento del tráfico aéreo en gran parte de Europa, ya que la entrada de partículas en las turbinas puede llegar a bloquear el motor de las aeronaves. Situación que no ocurría antiguamente porque los aviones eran de hélice.

Todos los riesgos del mundo de hoy están fuertemente condicionados por tendencias y factores de inseguridad, como son el crecimiento demográfico o el propio fenómeno de la globalización. Pero las soluciones no son fáciles porque pueden afectar a espacios y a tecnologías vulnerables. El medio aéreo o los complejos sistemas que constituyen la base de importantes infraestructuras públicas son buenos ejemplos de este tipo de debilidades. De momento, la mejor receta de mitigación es la información, la alerta, la interrupción preventiva de servicios críticos y la educación. Estas acciones forman parte de lo que en inglés se denomina “resilience”, es decir, la construcción de sistemas que aumenten sus fortalezas, se adapten a la dificultad del medio y sean cada vez más resistentes a las vulnerabilidades e interdependencias del mundo actual.

La globalización constituye una consecuencia del progreso de la civilización pero muchas veces también genera desequilibrios que dificultan el proceso de gestión de los riesgos que nos afectan.

Al margen de esta reflexión, los geólogos no podemos por menos que asombrarnos ante las maravillosas imágenes de la erupción del volcán Eyjafjallajokull.

Más imágenes de la erupción del volcán Eyjafjallajokull

José L. González / ICOG

Seis de los más destacados geofísicos y geólogos italianos están siendo investigados por un posible delito de homicidio en relación con el terremoto de L’Aquila (Italia), de 6 de abril 2009. El terremoto causó 309 muertos, 1600 heridos y más de 65.000 personas sin hogar. La fiscalía estudia imputar a los científicos, algunos de ellos miembros de la Comisión de Grandes Riesgos, junto a funcionarios de la protección civil, por no haber alertado a los ciudadanos antes de que se originara el terremoto que destruyó la ciudad. Entre los científicos que podrían ser acusados se encuentra Franco Barberi, profesor de vulcanología de la Universidad de Roma, Enzo Boschi, presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, y Giulio Selvaggi, director del Centro Nacional de Terremotos.

La secuencia sísmica, previa al terremoto principal, comenzó durante el mes de febrero de 2009 y fue considerada normal, sin que se estimase un riesgo elevado para la población. Pero la fiscalía considera que debería haberse informado a los ciudadanos de la situación de riesgo para que adoptasen medidas de protección en los edificios públicos que tenían problemas estructurales. Por ejemplo, en la residencia de estudiantes en la que fallecieron decenas de jóvenes. Otros edificios públicos que resultaron dañados también habían sido evaluados con anterioridad en relación con su vulnerabilidad. De hecho, en 1999 se publicó el denominado Informe Barberi, estudio sobre la vulnerabilidad de edificios públicos, estratégicos y esenciales, en donde se concluía que muchos edificios de la región de Abruzzo resultarían destruidos en caso de terremoto.

La comunidad científica internacional ha iniciado un movimiento en defensa de los científicos investigados, argumentando que los terremotos no se pueden predecir. Se puede educar a la población y construir edificios más seguros pero no es posible determinar en qué momento puede producirse un terremoto destructivo. En realidad, la fiscalía que ha iniciado el proceso se ha centrado en investigar las declaraciones públicas emitidas por la Comisión de Grandes Riesgos. Se trata de conocer si se cometió algún tipo de imprudencia o de negligencia al no informar detalladamente sobre el grado de riesgo sísmico que existía antes de producirse el terremoto catastrofico. La polémica está servida.
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El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico. Se trata de un plan especial y de ámbito nacional, que establece la organización y procedimientos de actuación de los recursos y servicios del Estado necesarios para asegurar una respuesta eficaz del sistema de protección civil ante un terremoto de interés nacional.

Si bien el riesgo de seísmo en España es moderado, el potencial destructor de un terremoto es muy elevado. Por tanto, la eficaz asistencia a la población en una situación de emergencia provocada por un terremoto es uno de los mayores retos para los sistemas de protección civil. Una adecuada planificación en esta materia es esencial. (more…)

Todas las inundaciones se producen de forma recurrente en las mismas áreas: las denominadas zonas inundables.
Estas zonas se caracterizan por presentar una geomorfología identificable (llanuras de inundación, abanicos aluviales, etc.) y depósitos sedimentarios singulares.
Los geólogos hemos elaborado una abundante cartografía de zonas inundables en gran parte de España. También hemos preparado guías para ayudar a los ciudadanos y a los poderes públicos a conocer los peligros naturales. Proyectos innovadores, como el sistema nacional de cartografía de zonas inundables, están en marcha en la actualidad.
Con este conocimiento y con la normativa en vigor relativa a la legislación de agua, planes hidrològicos, protección del dominio público, legislación urbanística, etc., se puede evitar que se construya en zonas inundables y que se aprueben planes urbanísticos en terrenos previsiblemente inundables.

Solo queda, quizás, una actuación decidida por parte de las Fiscalías Especiales de Medio Ambiente y Urbanismo para que persigan con contundencia cualquier infracción que vulnere las normas de protección de estas zonas, evitando la proliferación de construcciones inseguras.

José L. González / ICOG

El diario El Pais acaba de publicar un reportaje bajo el título “Alerta: el agua siempre vence al ladrillo“, en donde se denuncia un urbanismo desmedido en zonas inundables como responsable de las víctimas y daños que se ha producido últimamente en Madeira, La Rochelle o la zona del Guadalquivir. En el artículo se menciona el debate que enfrenta la seguridad de los ciudadanos con el derecho de las personas a seguir viviendo en su propia casa. También se recogen datos aportados por Ecologistas en Acción que cifran en 40.000 las construcciones existentes en España en zonas de dominio público hidráulico.

La prevención del riesgo de inundaciones ha dado un paso fundamental en los últimos años, con la aprobación de la directiva europea de evaluación y gestión de inundaciones, y con la ley estatal de suelo estatal. Ambas disposiciones prevén la obligatoriedad de elaboración de mapas de riesgos. En el caso de inundaciones, la iniciativa más importante está siendo coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del denominado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. La directiva europea de inundaciones da de plazo hasta el año 2013 para que los Estados tenga previstos los correspondientes mapas de riesgo.

En el año 2009, el ICOG públicó el libro “Mapas de Riesgos Naturales en la Ordenación Territorial y Urbanística“, que recoge las aportaciones de diversos especialistas de universidades, organismos de investigación, aseguradores, administraciones públicas y urbanistas, sobre cómo potenciar la cartografía de riesgos naturales en los procesos de ordenación territorial y urbana. Entre otras conclusiones, en este estudio se recomienda que, una vez que se avance en la disponibilidad de mapas de riesgos ante los diferentes peligros que puedan afectar al territorio, se debe impulsar la revisión o modificación de la ordenación urbanística en aquellos municipios en donde los uses permitidos no se adecuen al grado de peligrosidad y vulnerabilidad detectado.

Se barajan dos soluciones fundamentales para reducir en daño a las construcciones en zonas inundables: la primera, muy costosa, consistiría en construir obras estructurales de canalización y protección. La segunda, sería la expropiación. Pero existen otras medidas que también contribuyen a reducir el riesgo. Una de ellas, que podría ser válida para zonas de riesgo moderado, consiste en promover la suscripción de pólizas de seguros frente a inundaciones. Otra actuación fundamental es fomentar una mayor cultura de seguridad, que permita un mayor conocimiento sobre las consecuencias de los peligros naturales y en donde se tenga en cuenta que el riesgo es inherente a la transformación del territorio.

José L. González / ICOG

El diario publico.es reveló ayer que España esconde decenas de fallas activas, capaces de provocar terremotos destructivos, pero esta información no está convenientemente recogida en el mapa de peligrosidad sísmica, que solo dispone de datos obtenidos con sismógrafos en los últimos 100 años, y con el testimonio subjetivo de los historiadores en los últimos siglos, aunque este registro es incompleto debido a la destrucción de bibliotecas en la época de la Reconquista.

En el citado artículo también se recogen declaraciones del investigador del IGME Miguel Ángel Rodríguez Pascua. En relación con la ausencia de peligrosidad en las dos Castillas, Aragón, Madrid y la cornisa cantábrica, este investigador señala que “si en época romana hubo un gran terremoto y su periodo de recurrencia es de 2.000 años, podría volver mañana y no lo sabemos”.

Efectivamente, la investigación en tectónica reciente y paleosismicidad permite extraer información sobre el funcionamiento actual de las fallas y las estructuras asociadas, con el objetivo de obtener los parámetros sísmicos de las fallas que son necesarias para evaluar la peligrosidad sísmica. Estas investigaciones son indispensables para caracterizar las fallas sismogénicas en aquellos ambientes geotectónicos donde los ciclos sísmicos de las fallas tienen una duración superior a la del registro histórico.

Por lo tanto, es imprescindible profundizar en el estudio de los terremotos, no solo mediante geofísica y técnicas instrumentales, sino aplicando métodos geológicos que nos permitan ampliar el conocimiento sobre fallas activas con periodos de retorno más amplios.

José L. González / ICOG

Las inundaciones no han dado tregua este invierno a Andalucia. Continuos episodios meteorológicos acompañados de fuertes lluvias han provocado el desbordamiento de ríos, numerosas evacuaciones, cortes en carreteras y vías de ferrocarril, el realojo de familias afectadas e importantes daños en bienes privados e infraestructuras públicas. poniendo en riesgo a diversos municipios de las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaen y Málaga.

Sin embargo, el origen de estos daños no reside únicamente en la adversidad de los episodios meteorológicos. Como afirma el Defensor del Pueblo Andaluz, en un informe publicado en noviembre de 2009, bajo el título “Ordenación del Territorio y Urbanismo en los Informes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz”, la situación de riesgo creada por la construcción de inmuebles de distinta naturaleza en zonas de inundación es una realidad que, desgraciadamente, se ha propiciado a través de un crecimiento desmesurado e insostenible de las poblaciones, fruto, en gran medida, de las acciones y omisiones en la tutela del territorio de aquellas Administraciones que poseen, desde hace mucho tiempo, competencias muy claras para emitir informes, ejercer acciones y, en su caso, desestimar acuerdos de aprobación de planeamiento que vulneran normas sectoriales o son contrarias al principio de racionalidad técnica que debe estar siempre presente en la planificación territorial y urbanística.

Para que realmente cambie la situación y disminuyan los riesgos de que se repitan situaciones como las que han vivido este invierno algunos municipios de Andalucia es imprescindible una nueva cultura del territorio, en donde se asuma de una vez el compromiso de que jamás se apruebe un plan de ordenación urbanística que no incluya el mapa de riesgos naturales, de obligado cumplimiento desde la aprobación de la ley de suelo estatal, y que se establezcan las limitaciones en el uso de las zonas inundables para garantizar la seguridad de las personas y bienes, tal y como está previsto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Fuente: Europa Press

Las estadísticas de los últimos siete siglos han puesto de manifiesto que el sureste de Andalucía, concretamente Málaga, Granada y Almería, han registrado cada 100 años un terremoto de consecuencias especialmente destructivas. Por este motivo, el presidente del Colegio Oficial de Geólogos, Luis Eugenio Suárez, señaló que la zona podría volver a sufrir un caso similar al de siglos pasados, ya que el último de esta magnitud tuvo lugar en 1884 en Arenas del Rey (Granada), causando la muerte a más de 800 personas.

Suárez explicó que estas provincias se corresponden con una zona sísmica y pidió a los ayuntamientos que se extremen precauciones garantizándose la aplicación de las normas sismorresistentes en los edificios.

En declaraciones a Europa Press, manifestó que los datos muestran que “cada cien años aproximadamente se produce un terremoto destructivo de magnitud seis o siete en la escala Richter”. Aunque señaló que “la población debe conocer este riesgo”, subrayó que “es asumible y que no debe crear alarma”. (more…)

Una niña de 12 años salvó la vida de buena parte de los habitantes del archipiélago Juan Fernández, a 600 kilómetros de la costa chilena, al alertar sobre las olas gigantes que devastaron las islas tras el terremoto que asoló el centro y sur de Chile el pasado 27 de febrero. La menor, llamada Martina Maturana, se enteró del fuerte sismo a través de su abuelo, residente en Valparaíso, y corrió hasta una céntrica plaza de Robinson Crusoe, la principal isla del archipiélago, e hizo sonar un gong, que es la alarma del pueblo para estos casos. La señal despertó a varios lugareños de la isla, quienes también empezaron a tocar campanas y a huir hacia las alturas, minutos antes de que una ola gigante destruyera buena parte del territorio, donde se registraron ocho víctimas mortales y 13 desaparecidos.

Esta anécdota demuestra que, como ha señalado recientemente la Sociedad Geológica de Chile, la mejor forma de estar informados y de comprender los fenómenos naturales es la educación de base de toda la población, insistiéndose en la urgente necesidad de incluir una asignatura de Geociencias en el currículo escolar, con especial énfasis en temas vinculados a los peligros geológicos.

Video CNN